RESUMEN DE LA OPERACIÓN UNIÓN

Por: La Voz de Lanzarote.

“Su grado de implicación, la gravedad de los delitos y de las penas previstas y los indicios suficientes de su participación en los hechos investigados” fueron los motivos que llevaron a ordenar el ingreso en prisión provisional de Dimas Martín, Segundo Rodríguez, Matías Curbelo, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Luis Lleó y Fernando Becerra, según la nota de prensa emitida oficialmente esta semana por el Ministerio Fiscal.

Sin embargo, la lista de imputados en la Operación “Unión” no termina con estos nombres, y supera la treintena. Once de ellos han sido imputados directamente por el juez del Juzgado de Instrucción Número 5, César Romero Pamparacuatro. El resto, más de doce, tienen actualmente una imputación policial de la Guardia Civil, y están pendientes de pasar a disposición judicial, cuando el magistrado decida citarles.

Hasta el pasado domingo, la información oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sólo había permitido conocer con certeza los nombres de las personas sobre las que pesa imputación judicial, pero desde entonces, destacados cargos públicos de la isla empezaron a pasar por el cuartel de la Guardia Civil, confirmándose que la lista de imputados es mucho mayor.

El vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín (que ha sido cesado por la presidenta), la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, el también socialista y ya ex consejero de Cultura y Educación, Rubén Placeres, el presidente insular de Coalición Canaria, Jesús Machín, y hasta el arquitecto Carlos Morales acudieron a prestar declaración, imputados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A ellos se suman otros dos arquitectos de la isla, además de otros nombres que podrían no haber trascendido aún.
Y es que muchos de los imputados intentaron negar hasta el último momento su implicación en la causa.

Situación:

Estas personas, además de las tres que fueron detenidas y finalmente liberadas por la Guardia Civil (Elena Martín, Honorio Nicolás García-Bravo y Vicente Bartolomé Fuentes), mantienen actualmente una imputación policial, y están pendientes de pasar a disposición del juez que instruye la causa, en caso de que éste lo estime oportuno, para tomarles declaración y decidir su situación en este proceso.

En cualquier caso, y a la espera del pronunciamiento del juez, sobre todos ellos la Guardia Civil considera que hay indicios de actividad delictiva. Además, y aunque han sido los agentes los que han realizado esas imputaciones, lo cierto es que la operación se está desarrollando de forma conjunta con el Juzgado de Instrucción Número 5 y con la Fiscalía de Medio Ambiente, por lo que en principio avalan los pasos que ha ido dando la UCO.

De hecho, algunos imputados podrían haber sido interrogados sólo por la Guardia Civil ante la imposibilidad de tomar declaración a todos ellos en el Juzgado durante la primera semana de la Operación.

Escala de gravedad

A excepción del jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, imputado por delitos de actividad prohibida a funcionario y revelación de secretos, y del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que tras ser detenido este jueves fue puesto en libertad con cargos por prevaricación urbanística, el resto de las personas que quedaron en libertad con cargos tras ser detenidas (Dayrán Muñoz, Alfredo Rodríguez, Antonio Gómez Ruiz, Manuel Gregorio Reina Fabre, Jorge Álvarez, María José García Acosta, Jesús Manuel Martín Brito, Fermín Curbelo Perdomo y Eugenio Romero) están acusadas de delitos de cohecho según el Ministerio Fiscal, al igual que las siete personas que han ingresado en prisión.

Sólo en el caso de Dimas Martín y de María José Acosta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias agregaba también en la información difundida de forma oficial la imputación de ambos por tráfico de influencias. Sin embargo, pese al delito común en casi todos los detenidos (el de pagar o recibir sobornos), lo cierto es que el grado de responsabilidad penal de cada uno tendría una dimensión bien distinta. Y eso, al igual que la reiteración de la presunta conducta delictiva y la solidez de las pruebas, es lo que habría determinado quiénes ingresaban en prisión y quiénes no.

Sin embargo, conforme avance la investigación, no se descarta que nuevas personas y posibles delitos se sigan sumando a esta causa, y tampoco que los ya imputados tengan que responder por nuevos cargos. De momento, el rompecabezas está sobre la mesa y, pendientes del nuevo paso de la UCO y del Juzgado, el mero análisis de la documentación incautada y de las nuevas declaraciones puede mostrar nuevos hilos para seguir tirando de una enorme madeja de presunta corrupción.